El gobierno argentino aprueba normativa contra el sobreendeudamiento en préstamos digitales y establece topes al CFT para el sector no bancario

El gobierno argentino, a través del Ministerio de Economía y en coordinación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicó el 27 de junio de 2026 un decreto que establece un marco integral para la prevención del sobreendeudamiento en el mercado de préstamos digitales. La normativa introduce medidas de protección al consumidor financiero que se aplicarán a todas las entidades no bancarias que ofrecen créditos en pesos argentinos (ARS) a través de canales digitales.

La medida más significativa es la obligación de consultar la central de riesgo crediticio del BCRA para toda operación de crédito superior a los 200.000 ARS. Esto implica que los proveedores de préstamos digitales deberán verificar el nivel de endeudamiento del solicitante antes de otorgar el crédito, con el objetivo de evitar situaciones en las que los deudores acumulen múltiples préstamos que superen su capacidad de repago.

Adicionalmente, el decreto establece un límite máximo al costo financiero total (CFT) para préstamos en ARS de hasta 1.000.000, que quedará fijado en función de la tasa de referencia del BCRA más un spread máximo de 40 puntos porcentuales anuales. Esta medida busca proteger especialmente a los segmentos de menores ingresos, que son los más vulnerables a las prácticas de préstamos a tasas excesivas.

El decreto también regula el sistema de cobranza, prohibiendo las prácticas de débito automático repetitivo que generan rechazos bancarios y costos adicionales para el deudor. Los proveedores deberán ofrecer al menos tres canales alternativos de pago y notificar al cliente con al menos 72 horas de anticipación antes de intentar un débito automático.

En lo referente a la información, los contratos de préstamos digitales deberán incluir obligatoriamente una tabla de amortización completa, el importe total a pagar en ARS corrientes y una advertencia sobre el impacto de la inflación en el costo real del crédito. Los contratos que no cumplan estos requisitos podrán ser impugnados judicialmente por los consumidores afectados.

Las entidades reguladas por ANSES que operan en el segmento de préstamos a jubilados y beneficiarios de planes sociales quedan exceptuadas de algunas disposiciones del decreto, dado que ya cuentan con un régimen específico de tasas reguladas. Sin embargo, deberán cumplir con los nuevos requisitos de información precontractual y de consulta a centrales de riesgo para operaciones de refinanciación.