Crédito verde (Financiación sostenible)

El crédito verde, también denominado financiación sostenible o préstamo ESG (del inglés Environmental, Social and Governance), es un instrumento financiero en el que las condiciones del préstamo —tipo de interés, comisiones, importe máximo o plazos— están vinculadas total o parcialmente al cumplimiento de criterios de sostenibilidad por parte del prestatario o al destino medioambientalmente positivo de los fondos prestados. En el ámbito minorista, el crédito verde más extendido en España es la hipoteca verde para viviendas con calificación energética A o B, seguida de los préstamos para vehículos eléctricos e híbridos enchufables y la financiación de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

Marco regulatorio europeo: Taxonomía Verde y Reglamento de Divulgación

La Unión Europea ha desarrollado un marco regulatorio para definir qué actividades económicas se consideran sostenibles a efectos financieros. El Reglamento (UE) 2020/852 de Taxonomía establece seis objetivos medioambientales (mitigación del cambio climático, adaptación, uso sostenible del agua, economía circular, prevención de la contaminación y protección de ecosistemas) y fija criterios técnicos para determinar si una actividad contribuye sustancialmente a alguno de ellos sin perjudicar a los demás (principio DNSH, Do No Significant Harm). El Reglamento SFDR obliga a los prestamistas y gestores de fondos a divulgar cómo integran los riesgos de sostenibilidad en sus decisiones.

Tipos de crédito verde en el mercado español

Los principales productos de financiación sostenible dirigidos a particulares en España son:

• Hipoteca verde: Ofrece un tipo de interés reducido o bonificado para inmuebles con calificación energética A o B según el Certificado de Eficiencia Energética (CEE). Algunos bancos también la aplican a reformas que eleven la calificación energética del inmueble en al menos dos letras.
• Préstamo para vehículo eléctrico: Tipo de interés preferente para la compra de vehículos eléctricos puros (BEV) o híbridos enchufables (PHEV), en algunos casos vinculado a ayudas del Plan MOVES III.
• Financiación de instalaciones fotovoltaicas: Préstamo o línea de crédito para la instalación de paneles solares en vivienda habitual o local, a menudo combinado con subvenciones autonómicas o del Programa de incentivos para el autoconsumo renovable.
• Ecocrédito para reforma energética: Destinado a reformas que mejoren la eficiencia energética del hogar (aislamiento, ventanas, caldera de biomasa, bomba de calor), con tipo preferente y en ocasiones período de carencia inicial.

Certificación y verificación del destino de los fondos

A diferencia de los bonos verdes corporativos, donde existe un marco de certificación elaborado (Green Bond Principles, Climate Bonds Standard), los créditos verdes minoristas en España carecen aún de un estándar único obligatorio. Sin embargo, muchas entidades aplican los Green Loan Principles de la Loan Market Association (LMA), que exigen que el destino de los fondos esté claramente identificado, que la selección de proyectos se base en criterios medioambientales explícitos, que los fondos se gestionen de forma separada y que se reporten anualmente los impactos ambientales conseguidos.

La Comisión Europea trabaja en el Estándar Europeo de Bonos Verdes (EU GBS), que podría extenderse en el futuro a los préstamos verdes minoristas, estableciendo requisitos de verificación externa por parte de revisores acreditados.

Ventajas para el prestatario y riesgo de greenwashing

Para el particular, el crédito verde puede traducirse en un ahorro real: algunas entidades ofrecen reducciones de entre 0,10 y 0,50 puntos porcentuales en el tipo de interés para hipotecas verdes. Sin embargo, conviene verificar que la bonificación no esté condicionada a la contratación de productos vinculados que eleven el coste total. El greenwashing —la presentación de productos como sostenibles sin que lo sean realmente— es un riesgo que los reguladores europeos vigilan cada vez más de cerca, con la ESMA y la EBA publicando directrices específicas para prevenirlo en el sector financiero.