Aval solidario

El aval solidario es una garantía personal por la que el avalista se compromete a responder de la deuda en las mismas condiciones que el deudor principal. Su rasgo definitorio es que renuncia a los llamados beneficios de orden, excusión y división: esto significa que el acreedor puede reclamarle el pago directamente, sin necesidad de agotar antes el patrimonio del deudor.

Es la modalidad de aval que casi siempre exigen los bancos y financieras, precisamente porque les ofrece la máxima protección. Se diferencia del aval simple o mancomunado, en el que el avalista solo responde después de que el acreedor haya intentado cobrar al deudor principal.

Las consecuencias para quien firma un aval solidario son importantes:

• Responde con todos sus bienes presentes y futuros, no solo con un importe limitado.
• El acreedor puede dirigirse contra él desde el primer impago, sin reclamar primero al deudor.
• Si hay varios avalistas solidarios, puede exigirse a uno solo la totalidad de la deuda.
• Un impago puede llevar al avalista a figurar en ficheros como ASNEF.

Por eso, antes de avalar conviene valorar bien el riesgo. El avalista no obtiene el dinero del préstamo pero asume una responsabilidad equivalente a la del deudor. Si el deudor deja de pagar, el avalista deberá afrontar las cuotas, los intereses de demora y los gastos de reclamación.

Aunque el avalista que paga puede después reclamar al deudor lo abonado mediante la acción de regreso, en la práctica recuperar el dinero suele ser difícil si el deudor es insolvente. Por ello es recomendable conocer a fondo la capacidad de pago de quien pides avalar, fijar por escrito el alcance del aval y, si es posible, limitar su importe y duración. La Ley Azcárate y la normativa de protección al consumidor también amparan al avalista frente a condiciones abusivas.