España transpone la Directiva UE 2023/2225 de crédito al consumo: así cambian las reglas para préstamos y microcréditos

El Banco de España ha publicado un documento de divulgación en el que explica, en lenguaje accesible, los cambios que introducirá para los consumidores españoles la transposición de la Directiva Europea 2023/2225 sobre contratos de crédito al consumo. La directiva, que actualiza el marco vigente desde 2008, establece un conjunto de nuevas protecciones que afectan directamente a quienes solicitan microcréditos, préstamos personales, financiación de bienes de consumo y servicios de compra aplazada (BNPL). El BdE ha querido anticiparse al proceso parlamentario en curso para que los consumidores conozcan de antemano sus futuros derechos.

Por qué era necesaria una nueva directiva

La anterior Directiva 2008/48/CE sobre crédito al consumo fue diseñada en un contexto muy diferente al actual: prácticamente no existían los microcréditos online, las plataformas de préstamo entre particulares ni las soluciones de pago aplazado integradas en el comercio electrónico. En los últimos quince años, estos productos han crecido exponencialmente en toda Europa, captando a millones de consumidores que en muchos casos desconocen el coste real de lo que contratan o los derechos que les asisten. La Directiva 2023/2225 nace para cerrar estas brechas y modernizar el marco protector del consumidor financiero europeo.

En España, la transposición es especialmente relevante dado el dinamismo del mercado de crédito rápido: según el Banco de España, más de 4 millones de españoles han utilizado algún producto de microcrédito o préstamo rápido online en los últimos dos años, un segmento que ha crecido a tasas de dos dígitos anuales desde 2019.

Los cambios más importantes para el consumidor

El BdE organiza los cambios más relevantes en cinco áreas de impacto para el consumidor:

• Más productos cubiertos: Los microcréditos de menos de 200 euros —antes excluidos de la protección legal— quedarán ahora incluidos en el ámbito de la normativa. Esto significa que las entidades que los ofrecen deberán facilitar la misma información precontractual y realizar la misma evaluación de solvencia que para cualquier otro crédito al consumo.
• Evaluación de solvencia más rigurosa: Las entidades no podrán conceder crédito sin haber verificado la capacidad de pago del solicitante mediante fuentes de datos actualizadas. Si conceden crédito sin cumplir este requisito y el consumidor entra en dificultades, el contrato podrá ser declarado nulo o modificado por un juez.
• Información precontractual mejorada: El consumidor recibirá de forma obligatoria el documento de información normalizada europeo (FEIN), que presenta de forma estandarizada y comparabl todos los costes del crédito, incluida la TAE, las comisiones, el importe total a devolver y las consecuencias del impago.
• Más tiempo para desistir: El plazo de desistimiento se amplía de 14 a 21 días naturales desde la firma del contrato, sin necesidad de justificación. El consumidor podrá devolver el dinero prestado en ese plazo abonando únicamente los intereses devengados durante los días de uso.
• Protección frente al sobreendeudamiento: Las entidades estarán obligadas a ofrecer proactivamente soluciones de reestructuración a los clientes que presenten dificultades de pago antes de iniciar procedimientos de recobro, y a informarles sobre los servicios de asesoramiento en deuda disponibles.

La regulación del BNPL: una novedad clave

Uno de los aspectos más novedosos de la directiva es la regulación expresa de los servicios de compra aplazada sin intereses (Buy Now, Pay Later). Hasta ahora, estas soluciones —que permiten pagar en tres o cuatro cuotas sin coste nominal de intereses— quedaban en un limbo regulatorio, ya que técnicamente no cobraban intereses aunque sí podían aplicar comisiones o penalizaciones por impago. Con la nueva directiva, los proveedores de BNPL deberán:

• Proporcionar información precontractual completa, incluyendo una TAE equivalente que refleje el coste total para el consumidor (incluidas comisiones).
• Realizar una evaluación básica de solvencia antes de aprobar la financiación.
• Respetar el derecho de desistimiento de 21 días del consumidor.
• Comunicar a los registros de solvencia los impagos relevantes.

Plazos y calendario de entrada en vigor

El Banco de España recuerda que la directiva debía haber sido transpuesta antes del 20 de noviembre de 2025, plazo que España no ha cumplido. El Congreso de los Diputados está tramitando actualmente el proyecto de ley de transposición, con previsión de aprobación antes de finales de 2026. Hasta que la nueva ley entre en vigor, se aplica la legislación vigente (Ley 16/2011), que ya ofrece protecciones significativas a los consumidores de crédito.

Para los consumidores que buscan crédito en este momento de transición normativa, la recomendación del BdE es clara: informarse bien antes de firmar cualquier contrato, leer detenidamente la información precontractual y comparar la TAE de varios productos antes de decidir. En el comparador de microcréditos en España de CréditoLab encontrará una selección de productos con información transparente y actualizada.