Reforma de la Ley de Crédito al Consumo en España 2026: qué cambia para los prestatarios

El Consejo de Ministros ha aprobado en junio de 2026 el Real Decreto-Ley de reforma de la Ley de Crédito al Consumo en España, que transpone la Directiva Europea 2023/2225/UE sobre contratos de crédito al consumo y añade disposiciones específicas para el entorno digital español. La reforma, que afecta a todos los créditos y préstamos al consumo concedidos en España de hasta 100.000 euros, introduce cambios de calado en áreas como los intereses de demora, la evaluación de solvencia y los derechos digitales de los prestatarios.

La transposición de la directiva europea llega con cierto retraso —el plazo original era noviembre de 2025—, pero el Ministerio de Asuntos Económicos ha señalado que el texto aprobado va más allá de los requisitos mínimos de la directiva en varios aspectos, aprovechando el proceso de transposición para reforzar la protección del consumidor financiero español.

Límites a los intereses de demora: la principal novedad

La reforma introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español un límite cuantitativo explícito a los intereses de demora en los contratos de crédito al consumo. Con la nueva normativa, el interés de demora no podrá superar el tipo de interés ordinario pactado más dos puntos porcentuales, con un techo absoluto del 10% anual independientemente del tipo pactado en el contrato.

Esta medida elimina una práctica frecuente en el mercado de microcréditos y financiación rápida: la aplicación de intereses de demora del 15%, 20% o incluso superiores, que han generado una extensa jurisprudencia de los tribunales españoles y europeos declarándolos abusivos. La regulación española del crédito ya establecía que los intereses de demora debían ser proporcionales al daño causado, pero sin un límite numérico concreto que facilitara la aplicación judicial del principio.

Evaluación de solvencia reforzada

La reforma refuerza significativamente los mecanismos de evaluación de la capacidad de pago del solicitante. Las entidades están ahora obligadas a:

• Verificar los ingresos del solicitante mediante fuentes documentales o datos de open banking con consentimiento explícito, para cualquier crédito superior a 300 euros (antes el umbral era 500 euros).
• Calcular la tasa de esfuerzo del solicitante —porcentaje de la renta mensual neta destinado al pago de todas sus deudas, incluyendo el nuevo crédito— y denegar la operación si supera el 35% de la renta disponible, salvo que existan garantías adicionales suficientes documentadas.
• Consultar el sistema CIRBE del Banco de España para todos los créditos superiores a 1.000 euros, y dejar constancia documental del resultado en el expediente del cliente.
• Conservar la documentación de la evaluación de solvencia durante al menos siete años desde la fecha de formalización o denegación, a disposición del supervisor en caso de requerimiento.

Nuevos derechos digitales de los prestatarios

La reforma incorpora un capítulo específico sobre los derechos de los consumidores en el entorno digital, que incluye las siguientes novedades:

• Derecho a la explicación algorítmica: cuando la entidad utilice un sistema de scoring automatizado, el consumidor tiene derecho a recibir en lenguaje claro los factores determinantes de la decisión y a solicitar la revisión por una persona física en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
• Período de reflexión obligatorio: entre la recepción de la oferta vinculante y la firma del contrato debe transcurrir al menos 24 horas naturales, durante las cuales la oferta permanece vigente sin posibilidad de modificación unilateral por parte de la entidad.
• Desistimiento digital simplificado: el ejercicio del derecho de desistimiento (14 días naturales) puede realizarse mediante un formulario electrónico accesible desde el área de cliente, sin necesidad de envío certificado.
• Notificación anticipada de cambios: cualquier modificación en las condiciones del crédito vigente debe comunicarse con 45 días de antelación —frente a los 30 anteriores— a través del canal digital preferido por el usuario.

Calendario de entrada en vigor y adaptación del sector

La reforma de la Ley de Crédito al Consumo entra en vigor de forma escalonada: las disposiciones relativas a los intereses de demora y al período de reflexión aplican desde la publicación en el BOE, mientras que las relativas a los sistemas informáticos de evaluación de solvencia y a los formularios de desistimiento digital tienen un período de adaptación de cuatro meses. Las entidades que no cumplan con los nuevos requisitos en los plazos establecidos se exponen a sanciones del Banco de España de hasta 500.000 euros por infracción grave. Consulte las condiciones actuales de los préstamos y créditos disponibles en España bajo el nuevo marco normativo.