Por qué la información precontractual sigue siendo un foco de supervisión constante

Dentro de las funciones habituales de supervisión del mercado del crédito al consumo, la información precontractual ocupa un lugar destacado y recurrente. Se trata del conjunto de datos que cualquier entidad debe facilitar al solicitante antes de que este formalice un préstamo, y su correcta presentación es objeto de revisión constante, no puntual, por parte de los organismos competentes.

Entre los elementos que de forma habitual integran esta información se encuentran el importe total del crédito, la TAE, el coste total que deberá abonar el consumidor, el número y periodicidad de los pagos y las consecuencias derivadas de un posible impago. La normativa exige que estos datos se presenten de forma clara, comprensible y accesible antes de la firma, con independencia de que la contratación se realice de forma presencial o completamente digital.

Aspectos que revisa la supervisión

Los aspectos que con más frecuencia atraen la atención de la supervisión incluyen:

• Que la TAE se calcule de forma homogénea y comparable entre entidades.
• Que los ejemplos representativos utilizados en la publicidad reflejen condiciones realistas y no únicamente los supuestos más favorables.
• Que el consumidor disponga de tiempo suficiente para revisar la información antes de comprometerse.
• Que existan canales claros para resolver dudas antes de la firma del contrato.

Para las entidades que operan en el segmento de préstamos rápidos, donde el proceso de contratación puede completarse en cuestión de minutos, cumplir con estos estándares de transparencia resulta especialmente relevante, dado que el tiempo de reflexión del usuario es, por definición, más reducido que en otros productos financieros.

Desde CréditoLab recomendamos a los usuarios dedicar unos minutos a revisar la ficha de información precontractual antes de aceptar cualquier oferta, comparando especialmente la TAE y el coste total frente a otras alternativas disponibles en el mercado.

El marco legal de referencia

El marco de referencia para esta obligación en España es la Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo, que traspone al ordenamiento español la directiva europea de crédito al consumo y establece el contenido mínimo del documento de información normalizada que toda entidad debe entregar antes de la firma. El Banco de España, dentro de sus funciones de supervisión de conducta de mercado, revisa periódicamente muestras de contratos y publicidad de las entidades registradas para verificar que la TAE mostrada coincide con la aplicada realmente, y puede requerir a las entidades que corrijan prácticas comerciales que induzcan a error, incluso cuando no exista una denuncia previa por parte de un consumidor concreto.