Castigo de cartera

El castigo de cartera (o "cartera castigada") es el proceso contable mediante el cual una institución financiera —banco, SOFOM o plataforma de crédito— retira de su balance un crédito que considera prácticamente incobrable, normalmente después de varios meses de atraso sin recuperación. Esto es una decisión interna de la entidad para efectos de sus estados financieros, siguiendo criterios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Importante: que un crédito sea "castigado" no significa que la deuda desaparezca ni que el deudor quede libre de pagarla. La obligación legal sigue vigente y el acreedor original —o un despacho de cobranza al que le haya cedido los derechos de cobro— puede seguir exigiendo el pago mientras no prescriba la acción legal correspondiente.

Tras el castigo, es común que ocurra una cesión de derechos de cobro: la entidad vende la cartera castigada a un tercero (despacho de cobranza o fondo de recuperación) por un porcentaje del valor original. El nuevo titular de la deuda puede entonces contactar al deudor para negociar el pago, muchas veces ofreciendo descuentos significativos por pago único ("finiquito").

El registro en el buró de crédito también refleja esta situación con una clave de observación que indica "castigo" o "quebranto", lo cual afecta negativamente el historial crediticio durante varios años, incluso si posteriormente se liquida la deuda.

Si te contactan por una deuda castigada, verifica siempre la identidad del despacho de cobranza y solicita por escrito el estado de cuenta antes de realizar cualquier pago.

Desde el punto de vista de la institución financiera, el castigo de cartera responde a criterios prudenciales establecidos por la CNBV para el reconocimiento de pérdidas esperadas: cuando un crédito acumula un número determinado de meses en incumplimiento (habitualmente entre 90 y 180 días de atraso, según el tipo de producto), la entidad debe constituir reservas por la totalidad del saldo y, en muchos casos, retirarlo de su balance activo aunque mantenga la gestión de cobranza o la ceda a un tercero. Esto no exime al deudor de la obligación, pero sí cambia quién puede exigir el pago.

Para el consumidor, es importante distinguir entre castigo contable y prescripción de la deuda: mientras el castigo es una decisión interna de la entidad, la prescripción es un plazo legal (regulado por el Código de Comercio y el Código Civil Federal según el tipo de crédito) tras el cual el acreedor pierde la posibilidad de exigir el pago por la vía judicial. Una deuda castigada no está necesariamente prescrita, y viceversa; conviene verificar ambos aspectos antes de negociar cualquier pago o finiquito con un despacho de cobranza.

Negociar el pago de una deuda castigada puede ser conveniente si el descuento ofrecido es significativo y se obtiene por escrito una carta finiquito que certifique la liquidación total, ya que esto puede acelerar la actualización positiva del historial ante el buró de crédito, aunque la clave de observación de "castigo" suele permanecer visible durante el plazo legal correspondiente incluso después del pago.