Chile aprueba nueva regulación sobre los plazos de prescripción de deudas en 2026: qué cambia para deudores y acreedores

El Congreso Nacional de Chile aprobó en junio de 2026 una reforma legal que modifica de manera significativa el régimen jurídico aplicable a la prescripción de las deudas de consumo y al funcionamiento de los registros comerciales de morosidad. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda con apoyo transversal de distintas bancadas parlamentarias, responde a una demanda histórica de las organizaciones de consumidores y a recomendaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la modernización del marco de protección al deudor en Chile.

El cambio central de la nueva ley reduce el plazo máximo de permanencia en el Boletín Comercial y otros registros de morosidad de cinco a cuatro años para las deudas cuyo monto original no supera las 200 UF, y mantiene el plazo de cinco años para deudas de mayor valor. La modificación al plazo de prescripción extintiva — el período tras el cual el acreedor ya no puede exigir judicialmente el pago de la deuda — se reduce de cinco a tres años para deudas de consumo derivadas de contratos bancarios y de crédito de consumo, en línea con las recomendaciones de simplificación del sistema de prescripción de la Comisión de Reforma Civil del Ministerio de Justicia.

Impacto en los registros de morosidad y el acceso al crédito

Una de las consecuencias más relevantes de la nueva ley para los consumidores chilenos es la reducción automática del período de afectación del historial crediticio por una deuda impaga. Hasta ahora, una persona con una deuda castigada por un banco podía permanecer en el Boletín Comercial durante cinco años desde la fecha del castigo, lo que limitaba su acceso a nuevos créditos, arrendamientos y servicios durante ese período. Con la nueva norma, el plazo máximo se reduce a cuatro años para deudas de hasta 200 UF, aliviando la carga sobre aproximadamente 320.000 personas que actualmente figuran en registros de morosidad con deudas en ese rango de monto.

La CMF ha estimado que la reforma podría facilitar la reintegración al sistema financiero formal de entre 60.000 y 80.000 personas por año, que actualmente no acceden a crédito bancario por la permanencia en registros de morosidad vencida. Sin embargo, expertos del sector bancario advierten que la reducción del plazo de prescripción también podría generar un aumento moderado de las tasas de interés para deudas de consumo, en la medida en que los acreedores ajusten sus modelos de riesgo para reflejar la menor ventana temporal de recuperación judicial de créditos impagos.

Nuevas restricciones a las prácticas de cobranza extrajudicial

La reforma legal también introduce restricciones importantes a las prácticas de cobranza extrajudicial. Las empresas de cobranza y los acreedores tendrán prohibido contactar al deudor fuera del horario de 8:00 a 20:00 horas en días hábiles, y quedan expresamente prohibidos los contactos con familiares, vecinos o empleadores del deudor para presionar el pago. El incumplimiento de estas restricciones habilitará al deudor a presentar una denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y podrá derivar en sanciones económicas para la empresa cobradora.

El plazo para que las instituciones financieras y empresas de cobranza adapten sus sistemas y procesos a los nuevos requisitos es de 180 días desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. La CMF publicará en ese mismo plazo normas de carácter general con instrucciones específicas para los emisores de tarjetas de crédito y las entidades bancarias sobre la aplicación práctica de las nuevas disposiciones de prescripción. Si tiene deudas en mora y desea conocer sus opciones de regularización o acceso a nuevo crédito, consulte nuestra sección de créditos en Chile de CreditoLab.