BdE plantea un tope máximo a la TAE de los microcréditos en España

El Banco de España ha elevado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa una propuesta para fijar un límite máximo a la tasa anual equivalente (TAE) en los productos de microcrédito y préstamos rápidos de corto plazo. Según el documento de consulta publicado por el supervisor, la medida respondería a la necesidad de proteger a los consumidores más expuestos al sobreendeudamiento, especialmente tras el repunte de la demanda de financiación urgente registrado en 2025.

La propuesta contempla establecer un techo diferenciado según el importe y el plazo del crédito. Para préstamos inferiores a 1.000 euros y con vencimiento menor a 90 días, el Banco de España sugiere un límite orientativo de entre cuatro y cinco veces el tipo de interés legal del dinero, siguiendo el modelo francés de los préstamos usurarios. Esta cifra situaría el umbral máximo en torno al 18-20 % anual, muy por debajo de las TAE que algunos operadores aplican actualmente, que en casos extremos superan el 3.000 %.

El supervisor justifica la iniciativa en el notable incremento de reclamaciones vinculadas a productos de crédito de acceso inmediato, que en 2025 representaron el 23 % del total de quejas recibidas por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. A ello se suma la transposición pendiente de la Directiva 2023/2225/UE sobre crédito al consumo, que obliga a los estados miembros a reforzar los mecanismos de evaluación de solvencia y la transparencia en la publicidad crediticia.

Las principales asociaciones del sector, como la Asociación Española de Financiación Alternativa (AEFA) y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), han respondido con posiciones divergentes. Mientras algunas entidades advierten de que un tope excesivamente bajo podría excluir del mercado regulado a los perfiles de mayor riesgo, empujándolos hacia prestamistas no supervisados, otras asociaciones de consumidores como FACUA y OCU respaldan la propuesta y piden que el límite sea más restrictivo.

El proceso de consulta pública estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2026. De prosperar la iniciativa, el Banco de España prevé que la normativa final entre en vigor durante el primer trimestre de 2027, dando un plazo de adaptación de seis meses a las entidades afectadas. Los expertos señalan que la medida podría reducir significativamente la oferta de microcréditos disponible en el mercado, pero también contribuiría a sanear un segmento que acumula una elevada tasa de impagos y litigios judiciales por cláusulas abusivas.