Ley Crea y Crece y factura electrónica obligatoria: qué cambia para el crédito a pymes en 2026

La Ley 18/2022, de Creación y Crecimiento de Empresas (conocida como "Ley Crea y Crece"), incluye entre sus medidas la obligación progresiva de que empresas y autónomos emitan y reciban facturas electrónicas en sus operaciones B2B (entre empresas), sustituyendo definitivamente a la factura en papel o al PDF simple enviado por correo electrónico. La implantación efectiva depende del desarrollo reglamentario de la norma y de plazos escalonados según el volumen de facturación de cada empresa, pero la dirección del cambio ya es clara para el tejido empresarial español.

Qué persigue la norma más allá de la digitalización

Además de modernizar la facturación, la Ley Crea y Crece tiene un objetivo declarado de lucha contra la morosidad comercial: al obligar a que cada factura electrónica incluya de forma estructurada su fecha de emisión, su fecha de pago efectivo y su estado (pagada, pendiente, en litigio), la norma crea un rastro de datos que permite, por primera vez de forma sistemática, medir con precisión los plazos reales de pago entre empresas privadas, que la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad limita legalmente a 60 días y que en la práctica muchas pymes siguen sufriendo muy por encima de ese límite.

Por qué esto importa para el acceso al crédito de las pymes

• Mejor información para entidades de confirming y factoring: con datos de pago más fiables y trazables, estas entidades pueden evaluar con mayor precisión el riesgo de anticipar el cobro de una factura concreta, lo que en teoría debería traducirse en mejores condiciones para proveedores con buen historial de cobro verificable.
• Menor asimetría de información frente a bancos y financieras: una pyme que pueda acreditar de forma verificable que cobra puntualmente de sus clientes tiene un argumento más sólido al solicitar una línea de crédito o un préstamo para circulante.
• Mayor visibilidad de la morosidad estructural: la ley prevé la creación de un observatorio estatal de la morosidad privada que analizará estos datos agregados, lo que a medio plazo puede presionar a las grandes empresas pagadoras a cumplir mejor los plazos legales, aliviando indirectamente las tensiones de tesorería de sus proveedores más pequeños.

Qué debe preparar una pyme o autónomo ante este cambio

Más allá de adoptar un sistema de facturación electrónica homologado (que en muchos casos coincide con la adaptación ya exigida por Veri*factu en el ámbito de la Agencia Tributaria), conviene que las pymes empiecen a documentar de forma sistemática sus plazos de cobro reales, ya que ese historial —cada vez más verificable gracias a la factura electrónica— puede convertirse en un activo a la hora de negociar condiciones de financiación con bancos, entidades de confirming o plataformas de factoring.

Desde CréditoLab seguiremos informando del calendario definitivo de implantación de la factura electrónica obligatoria a medida que se publique el desarrollo reglamentario de la Ley Crea y Crece, y de cómo este cambio se traduce en la práctica en mejores o peores condiciones de acceso al crédito para pymes y autónomos.