Tribunal Supremo fija nuevos precedentes sobre usura en microcréditos en 2026

El Tribunal Supremo español ha dictado durante el primer semestre de 2026 una serie de sentencias en materia de Ley de Represión de la Usura de 1908 aplicada a microcréditos y préstamos rápidos que consolidan y precisan la jurisprudencia iniciada con la sentencia del Pleno de la Sala Civil de enero de 2020. Las resoluciones más recientes, disponibles en la base de datos jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), establecen criterios más concretos y actualizados para determinar cuándo el tipo de interés de un microcrédito debe considerarse usurario.

La TAE media del sector como referencia actualizada

El criterio más relevante fijado por las nuevas sentencias es la actualización de la referencia estadística utilizada para determinar si una TAE es notablemente superior a la normal del dinero. Frente a la práctica anterior de recurrir a los tipos del crédito al consumo general publicados por el Banco de España —que incluyen préstamos de muy distinta naturaleza—, el Tribunal Supremo establece en 2026 que la comparación debe realizarse contra la TAE media específica del segmento de microcréditos y crédito personal de corto plazo, que el Banco de España publica desde 2025 en su estadística desagregada. Esta media se situó en el 289% TAE anual para préstamos de hasta 30 días en el Q1 2026.

Criterio de la desproporción: cuándo se considera usurario

Las sentencias de 2026 precisan que un microcrédito puede considerarse usurario cuando su TAE supera en más del doble la TAE media del segmento comparable, siempre que concurra además alguna circunstancia que evidencie que el prestatario aceptó las condiciones en situación de necesidad o sin plena comprensión del coste real. Los magistrados rechazan que la superación mecánica del doble de la media sea suficiente por sí sola; es necesario el análisis de las circunstancias del caso. Sin embargo, los contratos con TAEs superiores al 600% anual han sido declarados nulos de pleno derecho en todos los casos analizados sin necesidad de valoración adicional.

Consecuencias de la nulidad: devolución íntegra de intereses

Las resoluciones de 2026 refuerzan la doctrina sobre los efectos de la declaración de nulidad por usura. El consumidor tiene derecho a recuperar todos los intereses y comisiones pagados, devolviendo únicamente el capital prestado. El Supremo rechaza expresamente cualquier modulación de este efecto en función del tiempo transcurrido desde la contratación o del comportamiento del prestatario. Varios juzgados de primera instancia habían intentado limitar la devolución a los intereses del período posterior a la reclamación, criterio que las nuevas sentencias del Supremo dejan sin efecto con carácter general.

Impacto sobre el sector y perspectivas

Las sentencias han generado un aumento significativo de las reclamaciones extrajudiciales y judiciales contra operadores de microcréditos. Según datos de la Unión de Consumidores de España (UCE), el número de reclamaciones por usura en microcréditos se incrementó un 34% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025. Varias plataformas han revisado voluntariamente sus tarifas para situarlas dentro de los márgenes considerados seguros por la nueva jurisprudencia, y algunas han optado por retirar del mercado los productos con TAE más elevadas. La nueva Ley de Crédito al Consumo añadirá un tope legal explícito que reducirá la litigiosidad futura, pero las reclamaciones por contratos anteriores seguirán siendo tramitadas bajo la Ley de Usura de 1908. Para contratar con seguridad, consulta las entidades verificadas en CréditoLab.

Desde la perspectiva del derecho del consumidor, las nuevas sentencias representan un avance significativo en la protección frente a prácticas abusivas en el crédito de corto plazo. La fijación de parámetros objetivos y actualizados reduce la incertidumbre jurídica y facilita que los consumidores evalúen con mayor seguridad si un contrato de microcrédito puede impugnarse por usurario antes de iniciar acciones legales.