Prescripción de la deuda

La prescripción de la deuda es la figura jurídica por la cual el derecho de un acreedor a reclamar judicialmente el pago de una deuda se extingue tras el transcurso de un determinado plazo de tiempo sin que dicho acreedor haya ejercido acciones de reclamación ni el deudor haya realizado actos de reconocimiento de la deuda, como un pago parcial o una solicitud expresa de aplazamiento.

En España, el plazo general de prescripción de las acciones personales que no tengan un plazo especial señalado -entre ellas, la mayoría de deudas derivadas de préstamos personales y microcréditos- es de cinco años desde que la obligación resulta exigible, conforme a la reforma del Código Civil que redujo este plazo desde los quince años anteriores. Existen, no obstante, plazos distintos para otros tipos de obligaciones, por lo que conviene verificar el plazo aplicable al tipo concreto de deuda.

El cómputo del plazo de prescripción se interrumpe -es decir, vuelve a contar desde cero- cada vez que el acreedor reclama la deuda de forma fehaciente (por ejemplo, mediante un requerimiento notarial o una demanda judicial) o cada vez que el deudor reconoce la deuda de cualquier forma, incluido un pago parcial, por lo que una deuda puede permanecer viva durante muchos años si se producen reclamaciones o reconocimientos periódicos que interrumpen sucesivamente el plazo.

Una deuda prescrita no desaparece automáticamente ni de oficio: la prescripción debe ser alegada expresamente por el deudor, habitualmente en el marco de un procedimiento judicial de reclamación, por lo que si una entidad reclama una deuda muy antigua conviene verificar con asesoramiento la fecha de la última reclamación o reconocimiento fehaciente antes de asumir que la deuda sigue siendo exigible.