¿Pueden Incluirte en ASNEF Sin Avisarte? Lo Que Dice la Ley

La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), en vigor en España desde 2018, establece de forma clara los requisitos que deben cumplirse para que una empresa pueda incluir datos de un deudor en un fichero de morosidad como ASNEF.

Uno de los requisitos fundamentales es la notificación previa al deudor. Antes de proceder al registro, el acreedor debe informar al afectado de su intención de incluirle en el fichero. Esta notificación debe realizarse de forma fehaciente, es decir, de manera que quede constancia de que el deudor ha recibido la comunicación. Una carta certificada con acuse de recibo es el método más habitual, aunque también es válido el correo electrónico si queda constancia de su recepción.

El objetivo de este requisito es dar al deudor la oportunidad de liquidar la deuda antes de ser incluido en el fichero, o de impugnar la deuda si considera que no es legítima. Una inclusión sin notificación previa constituye una infracción grave de la normativa de protección de datos y puede ser sancionada por la AEPD.

La normativa no fija de forma expresa un plazo mínimo entre la notificación y la inclusión en el fichero, pero la doctrina y la jurisprudencia de la Agencia Española de Protección de Datos han consolidado la práctica del plazo de 30 días. Esto significa que, tras recibir la notificación, el deudor dispone de ese tiempo para reaccionar: pagar la deuda, impugnarla o llegar a un acuerdo con el acreedor.

Si el acreedor te incluye en ASNEF antes de que hayan transcurrido esos 30 días desde la notificación, o si directamente no te notificó, tiene una inclusión potencialmente ilegal. En estos casos, el deudor puede exigir la cancelación inmediata del registro.

Es importante conservar cualquier comunicación que hayas recibido de la empresa acreedora relacionada con la deuda: cartas, correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones por burofax. Estos documentos son prueba clave en caso de reclamación. Si nunca recibiste comunicación alguna, eso por sí mismo puede ser motivo suficiente para impugnar el registro.

Además de la notificación previa, la ley establece otros requisitos que deben cumplirse para que la inclusión en ASNEF sea válida. El primero es que la deuda sea cierta, vencida y exigible: no puede registrarse una deuda que esté siendo disputada judicialmente o que no haya alcanzado su fecha de vencimiento.

El importe de la deuda también debe ser relevante. La normativa indica que no procede incluir deudas de escasa cuantía cuando ello resulte desproporcionado en relación con el perjuicio que causa al deudor. Aunque la ley no fija un mínimo exacto, la AEPD ha considerado en diversas resoluciones que deudas muy pequeñas pueden resultar desproporcionadas.

Además, debe existir una relación contractual previa entre el acreedor y el deudor que justifique la deuda. No se pueden registrar en ASNEF reclamaciones que no tengan su origen en un contrato o acuerdo real entre las partes. Por último, la entidad que registra los datos debe estar dada de alta como cedente ante Equifax y cumplir con los procedimientos internos exigidos por la empresa gestora del fichero.

Si consideras que tu inclusión en ASNEF no cumple los requisitos legales, dispones de varias vías de reclamación. El primer paso es dirigirte directamente a la empresa acreedora para solicitar que explique la base legal de tu registro y que aporte prueba de la notificación previa. Puedes hacerlo mediante carta certificada o correo electrónico con acuse de recibo.

Si el acreedor no responde en un plazo razonable o rechaza tu reclamación sin justificación suficiente, puedes ejercer el derecho de cancelación ante Equifax, la empresa gestora de ASNEF. Equifax tiene diez días hábiles para tramitar tu solicitud. Si la deniega o no responde, el siguiente paso es presentar una reclamación ante la AEPD.

La reclamación ante la AEPD es gratuita y puede realizarse online a través de la sede electrónica de la agencia. La AEPD tiene potestad para ordenar la cancelación del dato y para sancionar a la empresa infractora con multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global, en los casos más graves.

Una situación frecuente es la de personas que disputan la existencia o el importe de la deuda y que, pese a ello, son incluidas en ASNEF. La ley es clara: si la deuda está siendo impugnada de buena fe, sea por vía extrajudicial o judicial, su registro en un fichero de morosidad no es procedente hasta que exista un pronunciamiento firme que confirme la deuda.

Si has enviado una reclamación al servicio de atención al cliente del acreedor o has iniciado un procedimiento ante la Oficina de Atención al Usuario de Servicios Financieros del Banco de España, y a pesar de ello te han incluido en ASNEF, tienes argumentos sólidos para exigir la cancelación.

En estos casos, conserva toda la documentación de la disputa: correos enviados, respuestas recibidas, número de expediente de la reclamación. La AEPD valora especialmente la existencia de una controversia activa en el momento del registro al analizar si la inclusión fue o no ajustada a derecho. Un abogado especializado en protección de datos puede asesorarte sobre la viabilidad de reclamar también una indemnización por los daños sufridos.

Las empresas que incluyen datos en ficheros de morosidad sin cumplir los requisitos legales se exponen a sanciones significativas. La LOPDGDD clasifica estas infracciones como graves o muy graves, dependiendo de la naturaleza del incumplimiento y de los daños causados al afectado.

Las multas pueden oscilar entre 40.000€ y 300.000€ para infracciones graves, y entre 300.000€ y 20.000.000€ para infracciones muy graves. Además, la empresa puede verse obligada a cancelar el registro, a informar a todos los afectados por la práctica irregular y a adoptar medidas correctivas bajo supervisión de la AEPD.

Más allá de las sanciones administrativas, el afectado puede reclamar una indemnización civil por los daños y perjuicios causados por la inclusión ilegal en el fichero. Esta vía requiere acreditar los daños concretos sufridos, como solicitudes de crédito denegadas o contratos que no se pudieron formalizar por aparecer en ASNEF.