Código de Buenas Prácticas Bancarias

El Código de Buenas Prácticas Bancarias es un conjunto de medidas de protección para deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad, creado mediante el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Su adhesión es voluntaria para las entidades financieras, aunque la práctica totalidad de la banca española está adherida.

El Código articula sus medidas en tres fases progresivas:

• Fase 1 – Reestructuración de la deuda: carencia de capital de hasta 5 años, ampliación del plazo de amortización hasta un máximo de 40 años y reducción del tipo de interés durante la carencia al Euríbor + 0,25 %.
• Fase 2 – Quita sobre el capital pendiente: si la reestructuración resulta inviable, el banco puede ofrecer voluntariamente una quita parcial de la deuda.
• Fase 3 – Dación en pago: entrega de la vivienda al banco como pago total de la deuda hipotecaria, liberando al deudor de cualquier obligación restante. Además, el deudor puede permanecer en la vivienda en régimen de alquiler durante dos años con una renta máxima del 3 % del importe pendiente.

Para acogerse al Código, el deudor debe cumplir los requisitos del umbral de exclusión establecidos en el RDL 6/2012 y sus modificaciones (ampliadas por la Ley 1/2013 y el Real Decreto-ley 19/2022):

• Ingresos familiares que no superen un límite establecido en función del IPREM.
• La cuota hipotecaria debe superar el 50 % de los ingresos netos familiares.
• La hipoteca recae sobre la vivienda habitual y se obtuvo para su adquisición.
• El deudor no puede tener otros bienes o derechos patrimoniales suficientes.

El Código se complementa con la Ley de Segunda Oportunidad para deudores en situación de sobreendeudamiento general, y con el historial crediticio limpio como objetivo tras la resolución.

Para iniciar el proceso, el deudor debe dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de su entidad aportando la documentación acreditativa de la situación de vulnerabilidad. La entidad tiene un plazo de un mes para responder con la propuesta de reestructuración.