Microcréditos Fintech en Perú: ¿Qué Regulaciones Protegen a los Prestatarios?

En 2026, el marco regulatorio peruano para las fintech aún se encontraba en desarrollo, reflejando la relativa novedad del sector. Si bien el SBS ha adoptado un enfoque de supervisión adaptativa, reconocido por su flexibilidad y capacidad para abordar los riesgos emergentes, no existía una legislación específica que diera cobertura completa a todas las actividades de las fintech. El SBS, como regulador general del sistema financiero, se enfocaba en la supervisión de las entidades financieras, incluyendo aquellas fintech que operaban bajo el régimen bancario o de crédito. La regulación principal aplicable era la Ley General de Bancos y Burós de Crédito, así como otras normas específicas relacionadas con la protección al consumidor y la prevención del lavado de dinero.

Es importante destacar que el SBS no otorgaba licencias ni autorizaciones para operar a las fintech en sí mismas. Más bien, supervisaba su cumplimiento con las regulaciones existentes y establecía requisitos de capital y gestión de riesgos que debían cumplir las empresas. Esta supervisión se centraba principalmente en la seguridad de los datos, la protección al consumidor y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. El objetivo era minimizar los riesgos para el sistema financiero en su conjunto, sin obstaculizar la innovación ni el acceso a nuevos mercados de crédito.

La función principal del SBS en relación con las fintech era la de supervisión general del mercado financiero. Esto implicaba monitorear las operaciones de las empresas, evaluar los riesgos que representaban para el sistema financiero y tomar medidas correctivas cuando fuera necesario. El SBS no intervenía directamente en las decisiones comerciales de las fintech ni establecía criterios específicos para la aprobación de créditos. Sin embargo, sí exigía a estas empresas cumplir con ciertos requisitos, como la implementación de políticas de gestión de riesgos, la contratación de seguros de protección al consumidor y la realización de evaluaciones periódicas de su situación financiera.

En 2026, el SBS reconocía que las fintech presentaban características distintas a los bancos tradicionales, como una mayor agilidad, un menor tamaño y un enfoque en tecnologías innovadoras. Por ello, adoptaba un enfoque de supervisión más flexible y adaptable, permitiendo a las fintech operar bajo ciertas condiciones siempre y cuando cumplieran con los requisitos regulatorios básicos. Además, el SBS trabajaba en conjunto con otras entidades del Estado para desarrollar una regulación específica para el sector fintech, que buscaba equilibrar la protección al consumidor con el fomento de la innovación.

El Buró de Morosos INFOCORP desempeñaba un papel crucial en el proceso de evaluación crediticia para las fintech, aunque su rol era diferente al de los burós de morosos tradicionales que operan en países más desarrollados. INFOCORP registraba la información de aquellos prestatarios que habían incumplido sus obligaciones financieras con cualquier entidad financiera en Perú, ya fueran bancos o fintech. Esta información se utilizaba por las fintech para evaluar el riesgo crediticio de los solicitantes de microcréditos y tomar decisiones sobre la aprobación o denegación de créditos.

Es importante señalar que INFOCORP no tenía autoridad para aprobar ni rechazar solicitudes de crédito. Su función principal era proporcionar a las fintech información objetiva sobre el historial crediticio de los prestatarios, lo cual les permitía tomar decisiones más informadas. Sin embargo, la calidad y exhaustividad de la información registrada por INFOCORP eran fundamentales para garantizar que las fintech tuvieran acceso a datos precisos y relevantes para su evaluación de riesgos. La inclusión en INFOCORP dependía del incumplimiento de pagos, lo cual era un factor importante en la decisión crediticia.

La TCEA (Tasa de Costo Efectiva) representaba una herramienta clave para proteger a los prestatarios de microcréditos fintech. Esta tasa, calculada por el SBS, reflejaba el costo total del crédito, incluyendo la tasa de interés nominal y otros gastos asociados, expresado como un porcentaje anual. El objetivo de la TCEA era permitir a los prestatarios comparar fácilmente las diferentes opciones de microcrédito disponibles en el mercado y evitar que las fintech cobraran tasas excesivas o ocultaran costos adicionales.

El SBS supervisaba el cálculo de la TCEA y exigía a las fintech divulgarla claramente a sus clientes. Además, el SBS podía sancionar a las fintech que no cumplieran con los requisitos de la TCEA. Si bien no existía una regulación específica sobre límites máximos de la TCEA para microcréditos, su cálculo proporcionaba un marco de referencia claro para evaluar si las tasas ofrecidas eran razonables y competitivas en el mercado. El cumplimiento de la TCEA era fundamental para garantizar que los prestatarios tuvieran acceso a créditos con costos transparentes y justos.