Ley de segunda oportunidad en España 2026: guía práctica

Pueden solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) las personas físicas —no empresas— que cumplan los siguientes requisitos:

• Encontrarse en situación de insolvencia: no poder pagar las deudas vencidas.
• Haber actuado de buena fe: no haber ocultado bienes, no haber sido condenado por delitos económicos en los últimos 10 años, no haber obtenido la exoneración en los 10 años anteriores.
• Haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) previo con los acreedores, salvo que el juez exima de este trámite por ser manifiestamente inviable.

Desde la reforma de 2022, los autónomos y los deudores con deudas principalmente de consumo (no solo empresariales) tienen acceso simplificado al proceso.

El proceso consta de cuatro fases principales:

1. Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP): se solicita ante notario o Cámara de Comercio. Un mediador concursal contacta a los acreedores para proponer un plan de pagos. Si la mayoría rechaza o no responde en 2 meses, se acredita el fracaso y se abre la fase judicial.
2. Concurso de acreedores consecutivo: el juez declara el concurso, se liquidan (si existen) los bienes no exentos y se aplica el patrimonio a pagar deudas.
3. Solicitud del BEPI: una vez finalizada la liquidación (o si no hay bienes que liquidar), el deudor solicita la exoneración de las deudas restantes.
4. Resolución judicial: el juez concede o deniega el BEPI. Si lo concede, el deudor queda liberado de las deudas exoneradas, salvo las excluidas por ley.

Deudas que sí se pueden cancelar: préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos, deudas con proveedores, alquileres atrasados y —desde la reforma de 2022— hasta el 80% de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social (con límites).

Deudas que NO se cancelan: pensiones alimenticias, indemnizaciones por daños a personas, multas penales y —con limitaciones— ciertos créditos públicos que superen los umbrales fijados. La hipoteca sobre la vivienda habitual tampoco se cancela automáticamente: puede negociarse una quita o novación, pero el banco mantiene su garantía real.

Los costes incluyen: honorarios del abogado (1.500€–4.000€ según despacho y complejidad), tasa judicial (reducida o exenta para insolventes), y honorarios del mediador concursal (tasados por ley, habitualmente 300€–600€ en casos sencillos).

El plazo depende del juzgado y la complejidad. En 2026, en juzgados especializados de Madrid o Barcelona: 9–18 meses para casos sin litigios. En provincias con menor carga judicial: 6–12 meses. Si algún acreedor impugna la exoneración, puede prolongarse 12–24 meses adicionales.

Si no puedes acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad (por ejemplo, por haber tenido una condena reciente o por no poder acreditar buena fe), hay alternativas:

• Negociación directa con acreedores: quitas del 30%–60% son frecuentes en deudas con fondos de recuperación que compraron la deuda a precio de descuento.
• Reunificación de deudas: consolida múltiples deudas en un solo préstamo con cuota menor, si tu nivel de ingresos lo permite.
• Prescripción de deudas: en España, las deudas prescriben a los 5 años (ordinarias) si el acreedor no ha reclamado judicialmente. Consulta un abogado antes de asumir que la deuda ha prescrito.