Crédito al consumo

El crédito al consumo engloba cualquier financiación concedida por una entidad a una persona física que actúa como consumidor para satisfacer necesidades personales, familiares o domésticas, siempre que el préstamo no esté garantizado mediante hipoteca sobre un inmueble. En España, su régimen jurídico se asienta sobre la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, que transpone la Directiva europea 2008/48/CE y ha sido actualizada por la Ley 4/2022 de protección de los consumidores frente a situaciones de vulnerabilidad.

Ámbito de aplicación de la Ley 16/2011

La norma se aplica a contratos de crédito de entre 200 € y 75.000 € concedidos a consumidores. Quedan fuera de su alcance los créditos hipotecarios, los créditos para adquisición de inmuebles, los concedidos sin intereses ni comisiones, los de duración inferior a tres meses, y los otorgados bajo forma de descubierto en cuenta corriente. También se excluyen los microcréditos de importe inferior a 200 €, aunque estos quedan sujetos a la normativa general de defensa del consumidor.

Los tipos de productos que cubre la ley incluyen préstamos personales, líneas de crédito rotativo, financiación en el punto de venta (POS), créditos vinculados a la adquisición de bienes o servicios específicos (como electrodomésticos o vehículos) y tarjetas de crédito con pago aplazado.

Obligaciones del prestamista

La Ley 16/2011 impone al prestamista un conjunto de deberes de transparencia e información precontractual. Antes de la firma, la entidad debe entregar la Información Normalizada Europea sobre Crédito al Consumo (SECCI), documento estandarizado que recoge: importe total del crédito, duración, TAE, cuota mensual, coste total del crédito y derecho de desistimiento. Además, la entidad está obligada a evaluar la solvencia del solicitante consultando ficheros de morosos (ASNEF, RAI) y el CIRBE.

Derechos del consumidor

El consumidor dispone de un derecho de desistimiento de 14 días naturales desde la firma del contrato sin necesidad de justificación y sin penalización (salvo intereses devengados). También cuenta con el derecho de reembolso anticipado en cualquier momento, con una compensación máxima para el prestamista del 0,5 % o 1 % del capital reembolsado anticipadamente según quede más o menos de un año hasta el vencimiento. La ley prohíbe además las cláusulas que obliguen a contratar seguros vinculados como condición indispensable para obtener el crédito, si bien la entidad puede ofrecer mejores condiciones si se contratan voluntariamente.

TAE obligatoria y ejemplo práctico

Toda publicidad y contrato de crédito al consumo debe incluir la Tasa Anual Equivalente (TAE), que integra el TIN, las comisiones y los gastos obligatorios. Por ejemplo, un préstamo de 6.000 € a 36 meses con TIN del 7,5 % y comisión de apertura del 1 % resultará en una TAE aproximada del 9,8 % y un coste total de intereses y comisiones cercano a 960 €. Comparar la TAE entre distintas ofertas es la forma más fiable de identificar el producto más barato.