Crowdlending (Préstamos P2P)

El crowdlending, también denominado préstamo P2P (peer-to-peer), es un modelo de financiación en el que particulares o empresas inversoras prestan dinero directamente a prestatarios —personas físicas o pymes— a través de una plataforma tecnológica intermediaria, sin la intervención de un banco como intermediario de crédito. La plataforma actúa como facilitadora: evalúa al prestatario, asigna una categoría de riesgo, fija el tipo de interés y gestiona los pagos entre las partes.

En España, las plataformas de crowdlending están reguladas como Plataformas de Financiación Participativa (PFP) bajo la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Reglamento UE 2020/1503 sobre proveedores europeos de servicios de financiación participativa (ECSP) ha uniformizado el marco en toda la UE desde noviembre de 2023. Puede verificar el registro de plataformas autorizadas en el portal de la CNMV (cnmv.es).

Desde la perspectiva del prestatario, el proceso es similar al de una fintech convencional: solicitud online, verificación de identidad (KYC), análisis de solvencia y, si se aprueba, publicación del proyecto en la plataforma para que inversores financien la operación. Una vez alcanzado el objetivo de financiación, los fondos se desembolsan. El prestatario devuelve cuotas mensuales que la plataforma distribuye entre los inversores participantes, descontando su comisión.

Ejemplos representativos en España: October (orientada a pymes, con inversores institucionales y particulares) y Loanbook (préstamos a pymes, actualmente en restructuración). A nivel europeo, Mintos y Bondora son referencias del sector para préstamos al consumo aunque operan principalmente fuera de España.

¿Cuáles son las diferencias para el prestatario respecto a un préstamo bancario? Los tipos de interés pueden ser más competitivos para perfiles de riesgo bajo o medio, ya que los inversores aceptan márgenes menores que los bancos en algunos tramos. El proceso suele ser más ágil y digital. Sin embargo, la financiación no está garantizada hasta que la campaña se cubre completamente. Además, aunque la plataforma está regulada, el crédito no está respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que sí protege hasta 100.000 € en bancos. Las protecciones al consumidor (SECCI, derecho de desistimiento, Ley 16/2011) se aplican igualmente si el préstamo es de consumo.