Ley de Crédito al Consumo

La Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo es la norma central que regula en España los préstamos y créditos destinados a consumidores para fines privados ajenos a su actividad profesional o empresarial. Transpone la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, armonizando la protección al consumidor financiero en todo el espacio europeo. La ley se aplica a créditos de entre 200 € y 75.000 €, excluyendo los contratos de crédito garantizados con hipoteca (que se rigen por la Ley 5/2019 de Crédito Inmobiliario) y los contratos de crédito sin intereses ni comisiones.

Entre las obligaciones más importantes que impone la Ley 16/2011 a los prestamistas figuran:

• Información precontractual normalizada: el prestamista debe entregar al consumidor, con suficiente antelación, la Información Normalizada Europea sobre el crédito al consumo (formulario INE), que incluye la TAE, el importe total adeudado, el plazo y el importe de las cuotas.
• Evaluación de la solvencia: antes de celebrar el contrato, el prestamista debe evaluar la capacidad de pago del consumidor consultando, si procede, las bases de datos pertinentes como la CIRBE del Banco de España.
• Derecho de desistimiento: el consumidor puede desistir del contrato de crédito sin necesidad de justificación en el plazo de 14 días naturales desde la firma, devolviendo el capital dispuesto más los intereses acumulados hasta la devolución.
• Reembolso anticipado: el consumidor tiene derecho al reembolso anticipado total o parcial del crédito en cualquier momento. La comisión máxima que puede cobrar el prestamista por este concepto es del 1 % del importe anticipado si el plazo restante supera un año, o del 0,5 % si es inferior.
• Límite de intereses de descubierto: para los descubiertos tácitos en cuenta corriente, la Ley establece que el tipo de interés no puede superar 2,5 veces el interés legal del dinero.

La ley también regula los contratos de crédito vinculados (cuando el crédito financia la adquisición de un bien o servicio concreto), estableciendo el derecho del consumidor a resolver el contrato de crédito si el contrato de compraventa queda sin efecto.

El incumplimiento de las obligaciones de la Ley 16/2011 puede dar lugar a sanciones administrativas para el prestamista y, en algunos casos, a la nulidad de cláusulas abusivas o a la reducción judicial del interés. El Banco de España y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas son los organismos competentes para supervisar el cumplimiento. Consulta los créditos al consumo disponibles en España y compara la TAE antes de contratar.