Préstamo participativo

El préstamo participativo es un instrumento financiero que combina características del préstamo convencional con elementos propios del capital riesgo. A diferencia de un crédito estándar, el prestamista —que puede ser un fondo de capital riesgo, una entidad pública o un inversor privado— percibe dos tipos de retribución:

• Interés fijo: calculado sobre el capital prestado, similar al de cualquier préstamo.
• Interés variable: vinculado a la evolución de la actividad de la empresa prestataria, normalmente un porcentaje del beneficio neto, el volumen de negocio o el EBITDA.

Su marco legal en España está recogido en el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, que lo definió expresamente y estableció sus características fiscales y contables.

Una de las características más relevantes del préstamo participativo es su consideración como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades (art. 20 RD-L 7/1996). Esto significa que, en caso de concurso de acreedores, los titulares del préstamo participativo tienen una prelación inferior a los acreedores ordinarios pero superior a los socios, lo que lo sitúa en una posición intermedia de riesgo.

Este producto es especialmente adecuado para:

• Pymes y startups que necesitan financiación pero no quieren diluir su capital emitiendo acciones.
• Empresas en fases de crecimiento con beneficios variables o inciertos a corto plazo.
• Proyectos financiados por entidades públicas como ENISA (Empresa Nacional de Innovación), que es uno de los principales proveedores de préstamos participativos en España.

Desde el punto de vista del emprendedor, el préstamo participativo ofrece la ventaja de no ceder control de la empresa (a diferencia del capital riesgo) y de disponer de un plazo de amortización largo. En comparación con otras líneas de financiación empresarial, su coste total depende directamente de los resultados obtenidos, alineando los intereses de prestamista y prestatario.

El principal inconveniente es su menor liquidez y mayor complejidad contractual, lo que lo hace poco adecuado para microempresas o necesidades de financiación urgentes a corto plazo.