Tasa de Usura en México

A diferencia de muchos países que fijan un tope legal máximo de interés, México no tiene un límite de tasa numéricamente establecido en la ley. La usura en México es un concepto relativo y judicial: un préstamo puede declararse usurario cuando sus condiciones son desproporcionadas frente a las tasas de mercado para productos similares, causando un beneficio excesivo e injustificado al acreedor en detrimento del deudor.

El fundamento legal principal está en el Artículo 174 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), que establece que en los contratos de mutuo con interés que sean mercantiles, los pactados como usurarios podrán ser reducidos a una tasa razonable por el juez, de oficio o a petición del deudor. Adicionalmente, el Código Civil Federal contiene disposiciones generales sobre contratos leoninos aplicables supletoriamente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desarrollado criterios relevantes en los últimos años. Las tesis jurisprudenciales más citadas establecen que para calificar una tasa como usuraria, el juez debe considerar: (1) si la tasa pactada es notablemente superior al promedio de mercado para el mismo tipo de operación; (2) si existe una situación de necesidad del deudor aprovechada por el acreedor; y (3) si el beneficio del acreedor es desproporcionado respecto al riesgo que asume.

En la práctica, los juzgados civiles utilizan las tasas de referencia publicadas por Banxico —particularmente la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) y los promedios de crédito al consumo— como punto de comparación. Un préstamo personal a 300 % CAT en un entorno donde el promedio de mercado es 80 % tiene más probabilidades de ser cuestionado judicialmente que uno a 120 % CAT. Sin embargo, los jueces también toman en cuenta que productos de muy corto plazo y sin garantía tienen costos estructuralmente más altos.

¿Qué puede hacer un consumidor que considera estar pagando tasas usurarias? Las opciones son: (1) negociar directamente con el prestamista una reducción de tasa o reestructura; (2) acudir a CONDUSEF para una conciliación —aunque CONDUSEF no califica jurídicamente la usura—; (3) presentar demanda ante juzgado civil solicitando la reducción de la tasa a un nivel razonable bajo el Artículo 174 Bis LGTOC. Para el tercer camino se recomienda asesoría de un abogado especializado en derecho bancario. Revisa siempre el CAT antes de firmar cualquier contrato de crédito.